miércoles, 21 de noviembre de 2012

Legislación Española sobre sindicatos, y posibilidades legales para la creación en España de un Sindicato de Camioneros

Hace mucho tiempo que hablo de la necesidad de un verdadero Sindicato de Camioneros en España, que una a camioneros asalariados y a camioneros autónomos para lograr una unión fuerte y con poder como para poder enfrentarnos a nuestros enemigos, y poder luchar por nuestros intereses. Obviamente esto es solo un paso del camino que debemos recorrer, y me doy cuenta de que es necesario avanzar en ese camino para poder conseguir algo; ya que parece que continuamos "en el primer paso", comentando la desunión que hay entre autónomos y asalariados, pero parece que apenas avanzamos, y mientras no avancemos, no haremos nada.

Mientras no continuemos "avanzando pasos en el camino", no lograremos llegar a la meta de conseguir lo que necesitamos los camioneros de este país; y parece que estamos estancados esperando a ver si alguien más "avanza el pie" para dar el siguiente paso, pero "sin atrevernos" a dar nosotros ese paso. Y obviamente, si no damos nosotros ese paso, nuestros enemigos no lo darán por nosotros ...
Considero que ha llegado la hora de que algunos seamos "los primeros" en avanzar ese pie, para poder llegar a "la próxima estación" del camino, al próximo paso.

Comentando con algunos amigos el tema de la necesidad del sindicato, me he dado cuenta de que la mayoría estamos de acuerdo en la necesidad de la existencia de ese sindicato que unifique a asalariados y a autónomos, que nos una, y que nos permita luchar (al estilo de sindicatos similares que ya existen en otros países); pero parece que todos nos encontramos con "el miedo a avanzar", y a ir más allá ...
Mucho comentamos el tema de la necesidad de ese sindicato que nos represente a todos, pero poco comentamos de si es posible crear algo así en España, y de que debemos hacer para crearlo; parece que estamos esperando a que "sean otros" los que lo creen, y así podamos "apuntarnos al carro".

Por eso he decidido en este nuevo artículo, intentar "avanzar en el camino", y evaluar si la legislación española permitiría un sindicato así, que es lo que necesitariamos para la creación de ese sindicato, y que deberíamos hacer para "llevar el barco a buen puerto". Ha llegado la hora de luchar contra las injusticias que "pudren" al sector como si fuesen un cáncer, favorecidas por las prácticas abusivas de "las grandes empresas", y por las ansias de "llenarse las barrigas" de los políticos, de los pseudo-sindicatos y de "los representantes de los camioneros en el CETM"; y para ello debemos unirnos de una vez y armarnos para la lucha, y muy posiblemente sea imprescindible la creación del Sindicato de Camioneros que unifique a camioneros autónomos y a camioneros asalariados, para poder empezar a "presentar batalla" contra nuestros enemigos.

Posiblemente el primer paso para ello sea conocer la legislación española en cuanto a la constitución y actividad de los sindicatos (las exigencias para su creación, y "las reglas del juego"), básicamente para poder asegurarnos que en España esta permitida la constitución de un Sindicato de Camioneros como el existente en otros países, que pueda representar tanto a camioneros autónomos como a asalariados.

Cuando se habla de leyes, hay a mucha gente que "se le cambia el color de la cara" y/o "se asusta" por considerar que solo un especialista en leyes (básicamente un abogado) pueda tener los conocimientos necesarios sobre ese campo, y que "el resto de los mortales" no podamos tener esos conocimientos. Y en parte estoy un poco como esa gente un poco "asustado" por mis desconocimientos sobre el tema legislativo; pero actualmente contamos con una herramienta como Internet (que suelo emplear muy a menudo para poder documentarme para escribir algunos de los artículos del blog para los que necesito buscar alguna información ...), que nos permite tener acceso a unos conocimientos a los que de otros modos no tendríamos ese acceso.

Por lo tanto, dedicare la primera parte del escrito a explicar lo que he podido encontrar en cuanto a legislación, y a si es posible la creación del sindicato y/o que se podría hacer para poder llevar a cabo la creación de un Sindicato de Camioneros como el que queremos.

PRIMERA PARTE: Sobre la legislación española sobre sindicatos; ¿es posible la creación de un sindicato mixto de camioneros (con camioneros asalariados y camioneros autónomos) en España?.

Bueno, para empezar, y como diría Jack el Destripador "vayamos por partes"; lo se, es un chiste viejo y malo, pero sirve para "romper el hielo" para lo que viene a continuación ...

Considero fundamental para la creación del sindicato conocer la legislación española sobre el tema, para saber si esta permitida o no la creación de un sindicato como el que pretendemos; no serviría de mucho avanzar en otros pasos hacia la creación del sindicato, si luego resulta que la ley no lo permitiese ...

Creí que sería más difícil encontrar leyes sobre los sindicatos, pero no tarde en poder encontrar "el Santo Grial" de la legislación española sobre sindicatos, y para que pueda servir de guía para el resto de esta parte de escrito, la pondré a continuación. Cabe mencionar que pondré toda la legislación existente, la ley que regula el tema de los sindicatos es la de 1985, pero que posteriormente ha implantado algunos cambios; pero encontré tanto la ley original de 1985 como los cambios que se han introducido posteriormente, e incluyo todo en la legislación.
Antes de empezar a "destripar" la legislación, y valorar que dice, pondré toda la ley existente, para que el que quiera pueda echarle un vistazo, y luego ya pasaré a intentar "descifrar" y/o valorar lo que dice, y si es posible la creación del sindicato que queremos; a diferencia de otros artículos del blog, para poder diferenciar bien lo que dice la ley (de lo que digo yo), acotaré el texto legislativo en un apartado cerrado (haciendo una especie de cuadro separando la parte superior del escrito y la inferior con dos lineas de --- para separar la ley del escrito, además de dejar el texto de la ley en un tipo de letra diferente al del resto del escrito).

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JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España es el contenido en el artículo 28, 1, de la Constitución española de 1978, el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de «todos a sindicarse libremente».
En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios sujetos protagonistas del conflicto, como expresión de su posición de libertad y eligiendo, en ejercicio de su propia autonomía, los medios más congruentes a dicho fin.
Reconocido el derecho a la libre sindicación como derecho fundamental de los españoles, forzosa resulta su conexión con el reconocimiento expreso que efectúa el artículo 7.º de la Constitución a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como organizaciones que «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios» y al imperativo constitucional de que «su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley», con la precisión de que «su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos».
El derecho a la libertad sindical, genéricamente expresado, para todos los españoles, tanto en su aspecto positivo –derecho a la libre sindicación–, como negativo –derecho a la no sindicación–, así como el expreso reconocimiento constitucional que de las organizaciones sindicales efectúa el artículo 7.º, exige un desarrollo legal que tiene su justificación y acogida en el artículo 9.º, 2, de la Constitución, que establece que «corresponde a los Poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Desarrollo legislativo que debe efectuarse, siguiendo los propios preceptos constitucionales, a través de la aplicación de los artículos 53 y 81, que establecen que «sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades», «reconocidos en el capítulo II del presente título» (artículo 53, 1) y que «son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas» (artículo 81, 1).
Resulta así imperativo el desarrollo del artículo 28, 1, de la Constitución mediante una Ley de carácter orgánico, cuyo alcance precisa la disposición final segunda, viniendo a cumplir este mandato la actual Ley orgánica de Libertad Sindical.
La Ley orgánica pretende unificar sistemáticamente los precedentes y posibilitar un desarrollo progresivo y progresista del contenido esencial del derecho de libre sindicación reconocido en la Constitución, dando un tratamiento unificado en un texto legal único que incluya el ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 103, 3, de la Constitución y sin otros límites que los expresamente introducidos en ella.
No se ocupa el proyecto de Ley de desarrollar el derecho a la libre sindicación de los empresarios por entender que basta a ese respecto, en relación con el desarrollo legislativo del artículo 28,1, de la Constitución española, constitucionalizar y mantener la plena vigencia de lo establecido en materia de asociacionismo empresarial por la Ley 19/1977, de 1 de abril.
El título I, bajo el epígrafe «De la libertad sindical», regula los ámbitos subjetivos y objetivos de la Ley.
Se fija el ámbito subjetivo de la Ley, incluyendo a todos los trabajadores por cuenta ajena, lo sean o no de las Administraciones públicas. Únicamente quedan exceptuados del ejercicio del derecho los miembros de las Fuerzas e Institutos Armados de carácter militar, así como los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo; excepción que se sigue en función de la literalidad del artículo 28, 1, y el artículo 127, 1, de la Constitución. Se remite a una norma específica la regulación del derecho de las Fuerzas de Seguridad e Institutos Armados de carácter civil.
El artículo 2.º fija el contenido del derecho de libre sindicación sistematizado en dos niveles: el contenido de la libre sindicación de los trabajadores, positiva y negativa, y el contenido de la libertad sindical de las organizaciones sindicales o sindicatos de trabajadores en términos que la Ley utiliza como sinónimos. En este precepto se recoge exhaustivamente la doctrina internacional más progresista sobre contenido, independencia y libertad de actuación de los sindicatos.
El título II, bajo el epígrafe de «Del régimen jurídico sindical», regula la adquisición de personalidad jurídica de los sindicatos y el régimen de responsabilidades.
Se regula el procedimiento para la adquisición de personalidad jurídica de las organizaciones y el control jurisdiccional de una posible no conformidad a derecho de los Estatutos. Los requisitos formales son mínimos y aceptados internacionalmente; el único control administrativo es el puramente formal y el de depósito estatutario a efectos de publicidad, debiendo engranarse este artículo con la disposición final primera en que la competencia para el depósito de Estatutos de los sindicatos corresponde al IMAC o a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida esta competencia.
Asimismo se regula el régimen de responsabilidades de los sindicatos, declarándose la inembargabilidad de las cuotas sindicales.
El título III, bajo el epígrafe «De la representatividad sindical», regula el concepto de sindicato más representativo y la capacidad representativa de éstos.
Los artículos 6.º y 7.º delimitan el concepto de sindicato más representativo en base al criterio de la audiencia del sindicato, medida por los resultados electorales en los órganos de representación unitaria en los centros de trabajo, criterio tradicional ya en nuestro ordenamiento y que ha sido objeto de examen por el Tribunal Constitucional, que lo admite como reserva del legislador. El concepto conjuga el reconocimiento jurídico de la mayor representatividad con el respeto al artículo 14 de la Constitución, la objetividad y la razonabilidad del mínimo de audiencia exigible: el 10 por 100 a nivel estatal y el 15 por 100 a nivel de ámbito autonómico, introduciendo, en ese ámbito, un mínimo de 1.500 representantes, en aras al respeto del principio de igualdad que podría quebrarse con sólo la referencia porcentual, teniendo en cuenta la heterogeneidad y diferencias de población asalariada y funcionarial entre las distintas Comunidades Autónomas del Estado.
Tal vez el porcentaje establecido parezca reducido, pero la pretensión es abrir la legislación lo más posible al pluralismo sindical, fomentándolo, a través de los tres niveles de mayor representatividad que diseñan los artículos 6.º y 7.º de la Ley, primando el principio de igualdad sobre lo que podría ser un razonable criterio de reducir a través de la Ley la atomización sindical, evolución que se deja al libre juego de las fuerzas sindicales con presencia en las relaciones de trabajo.
El artículo 6.º, 3, recoge con amplísimo criterio la capacidad representativa que en los distintos aspectos es necesario reconocer a los sindicatos más representativos como vehículo de democratización de las relaciones laborales en los centros de trabajo y fuera de él, desarrollando así los artículos 7.º, 9.º, 2, y el 129 de la Constitución.
El título IV, bajo el epígrafe «De la acción sindical», viene a recoger con carácter normativo las competencias, facultades y garantías que en esta materia se introdujeron en España por primera vez a través del Acuerdo Marco Interconfederal.
Interesa destacar sobre todo el contenido del artículo 11, que introduce con rango de Ley orgánica en nuestro país lo que se ha dado en llamar «canon de negociación»; en principio se podría pensar que esta materia debía regularse sistemáticamente en el título III del Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta la remisión específica que se efectúa a la negociación colectiva; sin embargo, teniendo en cuenta la específica finalidad sindical del concepto, no parece dudoso que la introducción de esta medida normativa afecte al contenido del artículo 28, 1, de la Constitución, y es, por tanto, materia de Ley orgánica. La constitucionalidad del precepto, frecuente en los ordenamientos occidentales, no es dudosa en cuanto desarrollo del artículo 28.1 de la Constitución, en la medida que su objetivo es fortalecer el movimiento sindical y, por tanto, es concordante con el artículo 9.º, 2, de la Constitución, sin que pueda sostenerse seriamente que la adopción de esta medida, por otra parte no imperativa y que en todo caso ha de ser resultado de una negociación libre y voluntaria, afecte o pueda afectar al contenido esencial de otros derechos fundamentales o cívicos reconocidos en la Constitución, puesto que, en todo caso, se exige voluntariedad de los trabajadores.
El título V, bajo el epígrafe «De la tutela de la Libertad Sindical y represión de las conductas antisindicales», regula la importante materia de garantías jurisdiccionales frente a posibles conductas lesivas o contrarias al derecho constitucionalmente protegido y al desarrollo legal que del mismo se efectúa en la Ley.
Previa la declaración de nulidad radical de cualquier conducta del empleador, sea empresario o de Administraciones públicas, la Ley recoge la más progresiva doctrina moderna y de nuestro Tribunal Constitucional en esta materia, que en síntesis consiste en establecer la legitimación sindical específica de los sindicatos frente a actos individuales de un empresario, incluso aunque no incidan directamente sobre la personalidad jurídica de aquél; posibilitar la acción judicial de los sindicatos como coadyuvantes y garantizar la eficacia de la protección mediante un mecanismo procesal preferente y sumario conectado con eventuales responsabilidades penales.
La disposición adicional primera recoge en dos puntos aspectos complementarios al título III de la Ley, pero que por razones sistemáticas no deben figurar en el articulado propiamente dicho.
El punto 1 fija el período de cómputo de los resultados electorales que deban ser considerados a efectos de precisar los mínimos de representatividad y audiencia sindical recogidos en los artículos 6.º, 2, y 7.º, 1, de la Ley. Con ello se trata de cubrir el vacío legal actualmente existente respecto a la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores y que ha producido notorias dificultades en el proceso electoral de los años 1981 y 1982. En la determinación imperativa de un período corto (tres meses), de una parte, se ha tendido a establecer una racionalidad en el proceso que acercase lo más posible los resultados globales al período de proyección de la representatividad que ha de surgir de esos resultados, y de otra parte, se ha tenido en cuenta que, en la práctica, el 90 por 100 de los procesos electorales se concentran en un período de tres meses (así ocurrió en 1982), especialmente cuando la elección de representantes en los centros de trabajo se conecta con la representatividad de los sindicatos. Esta decisión va acompañada de una liberalización en la convocatoria concreta de cada período, que habría de tomarse en el órgano representativo del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación –IMAC– (Consejo Superior) o, en su caso, en cualquier otro organismo en que estén representados los sindicatos para estos fines.
El punto 2 habilita al Gobierno para el desarrollo de la participación institucional de los sindicatos, haciéndose una referencia expresa a la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que quedará derogada en parte por la entrada en vigor de la presente Ley orgánica, pero que conserva su vigencia respecto a la participación institucional de las organizaciones empresariales. En este mismo punto se fija una duración mínima de cuatro años en el reconocimiento de la capacidad representativa de sindicatos y organizaciones empresariales que la tengan reconocida, cubriéndose así otro importante vacío legal y en términos concordantes con la ampliación de los mandatos representativos de los Comités de Empresa y delegados de personal que se recoge en la disposición adicional segunda, y en el proyecto de Ley de reforma del título II del Estatuto de los Trabajadores.
La disposición adicional segunda recoge en el punto 1 la duración del mandato representativo de los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo, fijándola en cuatro años. Este precepto modifica, en tal sentido, el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores y es concordante con el proyecto de Ley de reforma de su título II, por cuya razón, podría parecer superfluo; sin embargo, es necesario introducirlo no ya tanto por el Estatuto de los Trabajadores, sino porque con esa sola norma no se cubre el período de duración de mandato de los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo de las Administraciones públicas, siendo ésta la razón, asimismo, por la que en el punto 2 de esta disposición adicional, se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas en materia electoral, puesto que el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo no cubren la regulación del proceso electoral en los centros de trabajo administrativos y que es preciso establecer. Conviene recordar que la sustantividad de esta representación (órganos representativos, funciones de los representantes, garantías, etcétera) no están contenidos en esta Ley, por entenderse que es materia del Estatuto de la Función Pública a tenor del artículo 103 de la Constitución.
La disposición final primera establece la convalidación de la personalidad jurídica de los actuales sindicatos, así como la continuidad del IMAC como Oficina Pública de Registro y Depósito de Estatutos.

LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD SINDICAL  
TÍTULO I
De la libertad sindical

Artículo primero.

1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas.
3. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución, los Jueces, Magistrados y Fiscales no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo.
5. El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada de estos Institutos.

Artículo segundo.
1. La libertad sindical comprende:
a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.
b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.
c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.
d) El derecho a la actividad sindical.
2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:
a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.
b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.
c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.
d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes.

Artículo tercero.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.º, 2, los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica.
2. Quienes ostenten cargos directivos o de representación en el sindicato en que estén afiliados, no podrán desempeñar, simultáneamente, en las Administraciones públicas cargos de libre designación de categoría de Director General o asimilados, así como cualquier otro de rango superior.

TÍTULO II
Del régimen jurídico sindical


Artículo cuarto.
1. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley, para adquirir la personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, deberán depositar, por medio de sus promotores o dirigentes sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto.
2. Las normas estatutarias contendrán al menos:
a) La denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada.
b) El domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato.
c) Los órganos de representación, gobierno y administración y su funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a principios democráticos.
d) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliados, así como el régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución del sindicato.
e) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la situación económica.
3. La oficina pública dispondrá en el plazo de diez días, la publicidad del depósito, o el requerimiento a sus promotores, por una sola vez, para que en el plazo máximo de otros diez días subsanen los defectos observados. Transcurrido este plazo, la oficina pública dispondrá la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el número anterior.
4. La oficina pública dará publicidad al depósito en el tablón de anuncios de la misma, en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial» correspondiente indicando al menos, la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución del sindicato.
La inserción en los respectivos «Boletines» será dispuesta por la oficina pública en el plazo de diez días y tendrá carácter gratuito.
5. Cualquier persona estará facultada para examinar los estatutos depositados, debiendo además la oficina facilitar a quien así lo solicite, copia autentificada de los mismos.
6. Tanto la Autoridad Pública, como quienes acrediten un interés directo, personal y legítimo, podrán promover ante la Autoridad Judicial la declaración de no conformidad a derecho de cualesquiera estatutos que hayan sido objeto de depósito y publicación.
7. El sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos.
8. La modificación de los estatutos de las organizaciones sindicales ya constituidas se ajustará al mismo procedimiento de depósito y publicidad regulado en este artículo.


Artículo quinto.
1. Los sindicatos constituidos al amparo de la presente Ley responderán por los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias.
2. El sindicato no responderá por actos individuales de sus afiliados, salvo que aquéllos se produzcan en el ejercicio regular de las funciones representativas o se pruebe que dichos afiliados actuaban por cuenta del sindicato.
3. Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo.
4. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley podrán beneficiarse de las exenciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan.

TÍTULO III
De la representatividad sindical


Artículo sexto.
1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical.
2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal:
a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.
b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).
3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para:
a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tenga prevista.
b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación.
d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.
e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas.
f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.
g) Cualquier otra función representativa que se establezca.

Artículo séptimo.
1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).
Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal.
2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 6.º de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso.

TÍTULO IV
De la acción sindical


Artículo octavo.
1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo:
a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato.
b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.
c) Recibir la información que le remita su sindicato.
2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo, las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas o cuenten con delegados de personal, tendrán los siguientes derechos:
a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.
b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica.
c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores.

Artículo noveno.
1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho:
a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiéndose establecer, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en función de las necesidades del proceso productivo.
b) A la excedencia forzosa, o a la situación equivalente en el ámbito de la Función Pública, con derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha del cese.
c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.
2. Los representantes sindicales que participen en las Comisiones negociadoras de convenios colectivos manteniendo su vinculación como trabajador en activo en alguna empresa tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la empresa esté afectada por la negociación.

Artículo diez.
1. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo.
2. Bien por acuerdo, bien a través de la negociación colectiva, se podrá ampliar el número de delegados establecidos en la escala a la que hace referencia este apartado, que atendiendo a la plantilla de la empresa o, en su caso, de los centros de trabajo corresponden a cada uno de éstos.
A falta de acuerdos específicos al respecto, el número de delegados sindicales por cada sección sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección al Comité de Empresa o al órgano de representación en las Administraciones públicas se determinará según la siguiente escala:
De 250 a 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 en adelante: Cuatro.
Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de los votos estarán representadas por un solo delegado sindical.
3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:
1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.
2.º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto.
3.º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.

Artículo once.
1. En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas por las que los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación atiendan económicamente la gestión de los sindicatos representados en la comisión negociadora, fijando un canon económico y regulando las modalidades de su abono. En todo caso, se respetará la voluntad individual del trabajador, que deberá expresarse por escrito en la forma y plazos que se determinen en la negociación colectiva.
2. El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste.


TÍTULO V
De la tutela de la libertad sindical y represión de las conductas antisindicales
Artículo doce. Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales.

Artículo trece.
Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por actuación del empleador, asociación patronal, Administraciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Expresamente serán consideradas lesiones a la libertad sindical los actos de injerencia consistentes en fomentar la constitución de sindicatos dominados o controlados por un empleador o una asociación empresarial, o en sostener económicamente o en otra forma sindicatos con el mismo propósito de control.

Artículo catorce.
El sindicato a que pertenezca el trabajador presuntamente lesionado, así como cualquier sindicato que ostente la condición de más representativo, podrá personarse como coadyuvante en el proceso incoado por aquél.

Artículo quince.
Si el órgano judicial entendiese probada la violación del derecho de libertad sindical decretará el cese inmediato del comportamiento antisindical, así como la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas, remitiendo las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos de depuración de eventuales conductas delictivas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
1. Conforme a lo previsto en los artículos 6 y 7 de esta Ley y 75.7 del Estatuto de los Trabajadores, la condición de más representativo o representativo de un sindicato se comunicará en el momento de ejercer las funciones o facultades correspondientes, aportando el sindicato interesado la oportuna certificación expedida a su requerimiento por la oficina pública establecida al efecto.
En materia de participación institucional se entenderá por momento de ejercicio el de constitución del órgano y, en su caso, el de renovación de sus miembros. En el supuesto de que el órgano correspondiente no tenga prevista una renovación periódica de los representantes sindicales, el sindicato interesado podrá solicitar en el mes de enero, y cada tres años a partir de esa fecha, su participación en el órgano correspondiente, aportando certificación acreditativa de su capacidad representativa.
2. El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para el desarrollo del apartado a) del artículo 6.3 y del artículo 7.1 de esta Ley y de lo previsto en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, siendo de aplicación a su capacidad representativa lo previsto en el segundo párrafo del número anterior.
Se modifica por la disposición final 1 de la Ley 11/1994, de 19 de mayo. Ref. BOE-A-1994-11610.



Segunda.

1. La duración del mandato de los delegados de personal de los comités de empresa y de quienes formen parte de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos en sucesivos períodos electorales.
2. En el plazo de un año y en desarrollo de lo previsto en el artículo 103.3 de la Constitución, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de Ley en el que se regulen los órganos de representación de los funcionarios de las Administraciones públicas.


Tercera.
El personal civil que ejerza el derecho reconocido en el artículo 2.1.d) en unidades, buques y demás establecimientos militares deberá tener en cuenta y respetar el principio de neutralidad política y sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas y ajustarse a las normas sobre actividad sindical de los empleados públicos.
Se modifica por la disposición final 2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2011-12961.






Cuarta.
Los delegados de personal y los miembros del Comité de Empresa con el mandato prorrogado no se computarán a efectos de determinar la capacidad representativa de los artículos 6 y 7 de la presente Ley.
Se añade por el art. único de la Ley Orgánica 14/1994, de 19 de mayo. Ref. BOE-A-1994-11417.
Actualización publicada el 20/05/1994, en vigor a partir del 09/06/1994


DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados la Ley 19/1977, de 1 de abril, y el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, en todo cuanto se oponga a la presente Ley, permaneciendo vigente la regulación que contienen dichas normas referidas a las asociaciones profesionales y, en particular, a las asociaciones empresariales cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Constitución española y de los convenios internacionales suscritos por España.


DISPOSICIONES FINALES


Primera.
1. Las organizaciones sindicales constituidas en aplicación de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y que gocen de personalidad jurídica en la fecha de entrada en vigor de esta Ley conservarán el derecho a la denominación, sin que en ningún caso se produzca solución de continuidad en su personalidad, quedando automáticamente convalidadas.
2. La oficina pública a que se refiere el artículo 4.º de esta Ley queda establecida orgánicamente en el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación y en los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, cuando tengan atribuida esta competencia. En todo caso, éstas deberán remitir, en el plazo previsto en el artículo 4.º, 4, un ejemplar de la documentación depositada al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
 Segunda.
Los preceptos contenidos en las disposiciones adicionales primera y segunda, en la disposición transitoria y en la disposición final primera no tienen carácter de Ley Orgánica.

Tercera.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Palma de Mallorca, 2 de agosto de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno
FELIPE GONZALEZ MÁRQUEZ

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Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Disposición final primera.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, queda redactada en la forma siguiente:
<1. Conforme a lo previsto en los artículos 6 y 7 de esta Ley y 75.7 del Estatuto de los Trabajadores, la condición de más representativo o representativo de un sindicato se comunicará en el momento de ejercer las funciones o facultades correspondientes, aportando el sindicato interesado la oportuna certificación expedida a su requerimiento por la oficina pública establecida al efecto.
En materia de participación institucional se entenderá por momento de ejercicio el de constitución del órgano y, en su caso, el de renovación de sus miembros. En el supuesto de que el órgano correspondiente no tenga prevista una renovación periódica de los representantes sindicales, el sindicato interesado podrá solicitar en el mes de enero, y cada tres años a partir de esa fecha, su participación en el órgano correspondiente, aportando certificación acreditativa de su capacidad representativa.
2. El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para el desarrollo del apartado a) del artículo 6.3 y del artículo 7.1 de esta Ley y de lo previsto en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, siendo de aplicación a su capacidad representativa lo previsto en el segundo párrafo del número anterior.>
Disposición final segunda.
Los artículos 12 y 27, apartado 6, de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y de participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, quedan redactados de la siguiente forma:
<Artículo 12.
El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los delegados de personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los sindicatos.
Se entenderá que la prórroga finaliza en el momento de la proclamación de los candidatos electos de las siguientes elecciones por la Junta Electoral de Zona.>
<Artículo 27.
6. Corresponde a la oficina prevista en el epígrafe anterior, el registro de las actas, así como la expedición de las certificaciones acreditativas de la capacidad representativa de los sindicatos a los efectos de los artículos 6 y 7 de la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.> 
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Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional tercera.
El personal civil que ejerza el derecho reconocido en el artículo 2.1.d) en unidades, buques y demás establecimientos militares deberá tener en cuenta y respetar el principio de neutralidad política y sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas y ajustarse a las normas sobre actividad sindical de los empleados públicos.»
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Ley Orgánica 14/1994, de 19 de mayo, por la que se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

TEXTO
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
Artículo único.
Se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, con la siguiente redacción:
<Los delegados de personal y los miembros del Comité de Empresa con el mandato prorrogado no se computarán a efectos de determinar la capacidad representativa de los artículos 6 y 7 de la presente Ley.>
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 19 de mayo de 1994.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

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Bueno, esto es lo que he podido encontrar en cuanto a la legislación española sobre sindicatos, y eso ha sido "la parte fácil", ahora viene lo complicado, cuando hay que "destripar la ley" y "quitar la paja" para saber lo que dice, y poder averiguar lo que dice sobre lo que nos interesa, la posibilidad de crear el Sindicato de Camioneros que necesitamos.
Lo primero y fundamental, según la ley, ¿es posible la creación de un sindicato con trabajadores asalariados y trabajadores autónomos?; la respuesta puede resultar un tanto ambigua puesto que si bien el artículo primero de la Ley establece que: "1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. 2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas.", por lo que daría a entender que se considera como trabajadores a los asalariados, el artículo tercero de la ley establece que: "1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.º, 2, los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica.".
Por lo tanto, por lo que se puede deducir, según la Ley, los trabajadores por cuenta propia (autónomos) que no tengan trabajadores a su servicio, pueden afiliarse a las organizaciones sindicales (sindicatos), pero no podrán fundar sindicatos. Es decir que técnicamente, según la ley, un Sindicato de Camioneros con camioneros asalariados y camioneros autónomos, no se podría fundar; pero como dice el dicho: "hecha la Ley, hecha la trampa", es decir, no se podría fundar el sindicato directamente, pero se podría fundar de manera indirecta, si son los camioneros asalariados los que constituyen el sindicato, y una vez constituido y legalizado el sindicato, los camioneros autónomos se podrían afiliar, formando el Sindicato de Camioneros con camioneros asalariados y camioneros autónomos juntos (al estilo de sindicatos como el de Estados Unidos).

SEGUNDA PARTE: Constitución y legalización del sindicato.

Una vez visto lo que dice la ley sobre los derechos para la constitución de los sindicatos, y teniendo más o menos claro que tipo de sindicato podríamos montar según lo que dice la ley, llegaría el momento de constituir el sindicato y legalizarlo.
La constitución del sindicato, significaría la creación efectiva del sindicato, estableciendo las bases de que tipo de sindicato se va a formar, quienes lo pueden formar, sus órganos de representación, su forma de financiación, y la creación de los estatutos (entre otras cosas).

Antes de poder legalizar el sindicato, es imprescindible hacer los pasos necesarios para su constitución (como ya he expresado en el punto anterior); ya que sin estos pasos no sera posible la legalización del sindicato.

El primer paso para la constitución del sindicato, es: saber quienes son los promotores del sindicato (trabajadores por cuenta ajena). Es decir identificar a los trabajadores que van a hacer efectiva la constitución del sindicato, y que como exige la ley (y explique en la parte anterior del escrito), deben ser trabajadores por cuenta ajena, puesto que la ley prohibe a los trabajadores autónomos crear sindicatos, pero les permite afiliarse a los sindicatos existentes.
Por lo tanto para la creación del sindicato de camioneros, deberíamos elegir a un grupo de camioneros asalariados, que sean los que puedan hacer efectiva según la ley la constitución del sindicato.

El segundo paso sería decidir el ámbito de actuación del sindicato; esto sería establecer el ámbito territorial de actuación del sindicato, que considero que en el caso del sindicato de camioneros debería ser a nivel nacional (que solo deba haber un sindicato para todo el país, y no que tenga que haber 17 sindicatos [uno por cada comunidad autónoma], para cubrir todo el territorio).

El tercer paso para la constitución del sindicato, sería la elaboración de los estatutos; según lo establecido en la ley, las normas estatutarias contendrán al menos:
a) La denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada.
b) El domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato.
c) Los órganos de representación, gobierno y administración y su funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a principios democráticos.
d) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliados, así como el régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución del sindicato.
e) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la situación económica.

La financiación de los sindicatos suelen ser con las cuotas de los afiliados y por financiación del Estado.

Una vez elaborados los estatutos, para cuya elaboración aun conociendo lo que dice la ley, no estaría de más contar con la colaboración de algún abogado (o experto en leyes) experto en legislación sindical, para evitar "dejar cabos sueltos", o que haya alguna cosa que no quede clara en la elaboración de los estatutos ... los pasos para la constitución del sindicato habrían finalizado, y llegaría el momento de comenzar con los pasos para la legalización.

El primer paso para la legalización sería, tal como establece la ley: 
"Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley, para adquirir la personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, deberán depositar, por medio de sus promotores o dirigentes sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto."
Por lo tanto, tal como dice la ley, una vez elaborados los estatutos, los promotores o dirigentes, deberán depositar los estatutos en la oficina pública establecida para ello.

Una vez depositados los estatutos, el siguiente paso le corresponde realizarlo a la oficina pública, ya que tal como establece la ley: 
"La oficina pública dispondrá en el plazo de diez días, la publicidad del depósito, o el requerimiento a sus promotores, por una sola vez, para que en el plazo máximo de otros diez días subsanen los defectos observados. Transcurrido este plazo, la oficina pública dispondrá la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el número anterior."(Los requisitos mínimos a los que hace referencia son los requisitos mínimos expresados en puntos anteriores, sobre lo mínimo que deben incluir los estatutos).
Por lo tanto, una vez depositados los estatutos, la oficina pública tendrá diez días para revisarlos, y si hace falta requerir a los promotores del sindicato (una sola vez), para que en un máximo de otros diez días puedan arreglar los defectos que hayan observado en los estatutos. Finalmente una vez pasado el plazo, la oficina pública aceptara o rechazará el depósito de los estatutos.

Si el paso anterior "ha salido bien", y la oficina pública no rechaza los estatutos, la ley establece que: 
"La oficina pública dará publicidad al depósito en el tablón de anuncios de la misma, en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial» correspondiente indicando al menos la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución del sindicato.
La inserción en los respectivos «Boletines» será dispuesta por la oficina pública en el plazo de diez días y tendrá carácter gratuito."
Por lo tanto, según lo que dice la ley, si la oficina pública acepta los estatutos, deberá anunciar la constitución del sindicato en el tablón de anuncios y en los Boletines correspondientes durante diez días para que durante ese tiempo, los que estén interesados puedan examinar los estatutos, ya que como establece la ley:
"Cualquier persona estará facultada para examinar los estatutos depositados, debiendo además la oficina facilitar a quien así lo solicite, copia autentificada de los mismos".

Durante los diez días que los estatutos estarán a disposición de la oficina pública para que "cualquiera" pueda revisarlos, la ley establece que: 
"Tanto la Autoridad Pública, como quienes acrediten un interés directo, personal y legítimo, podrán promover ante la Autoridad Judicial la declaración de no conformidad a derecho de cualesquiera estatutos que hayan sido objeto de depósito y publicación."
Por lo tanto, durante ese tiempo, los estatutos podrán ser denunciados ante la Autoridad Judicial por quienes acrediten algún interés directo, personal y legítimo (vamos es el plazo de más riesgo, y el único plazo hábil en el que nuestros enemigos pueden denunciar los estatutos para intentar frenar la creación del sindicato); allí descubriremos quienes son los interesados en "ponernos palos en las ruedas" para no permitirnos que podamos defender nuestros intereses.

Finalmente, tal y como establece la ley, si los estatutos no han sido rechazados: 
"El sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos."
Por lo tanto, sino han rechazado los estatutos, y no "ha pasado nada raro", veinte días hábiles después de que los estatutos hayan sido depositados, el sindicato estará constituido legalmente, y tendrá la capacidad para obrar.

TERCERA PARTE: Tras la constitución y legalización del sindicato.

Tras haber sorteado los obstáculos que ponía la ley para la constitución y legalización del sindicato, y tras haber seguido los pasos necesarios para poder llevar "el barco a buen puerto", nos encontramos conque más o menos tendríamos el sindicato "que queríamos" constituido.

Pero seguiríamos teniendo un problema, ya que como quedaba claro en las partes anteriores, para la constitución y legalización del sindicato, solo se podría contar con los camioneros asalariados, porque la ley no permite a los camioneros autónomos la constitución y/o la creación de sindicatos. Aunque tal y como exprese antes, "hecha la ley, hecha la trampa", y si bien la ley no permite a los autónomos la creación de sindicatos, si les permite afiliarse a los sindicatos ya constituidos; por lo que una vez constituido y legalizado el sindicato de camioneros, los camioneros autónomos podrían afiliarse al sindicato, y lograr la unidad de camioneros autónomos y asalariados en el sindicato, que nos diese poder para poder luchar contra nuestros enemigos por nuestros derechos.

Pero llegar hasta aquí por mucho que parezca la parte difícil, es lo "fácil", lo difícil viene tras la legalización, ya que sera el momento de entrar en guerra abierta contra nuestros enemigos.

Y es que una vez legalizado el sindicato, poco poder tendrá si no se consigue un mínimo de afiliados para poder ganar peso en la representación sindical dentro de las empresas, y poder comenzar a desterrar a los "pseudo-sindicatos" de la representación sindical de los camioneros españoles dentro de las empresas. Si no se tiene una representación suficiente, no se podrá luchar legalmente para conseguir delegados en los comités de empresa, que nos permitiesen luchar por mejorar los convenios colectivos, para poder mejorar las condiciones laborales de los camioneros asalariados.

Hay que tener presente que a la hora de las negociaciones importantes para un sector, son los sindicatos más significativos los que tienen la opción de llegar a luchar por la creación y/o modificación de los convenios colectivos, para ser interlocutor válido frente a la Administración, para designar delegados sindicales de entre sus afiliados, y para constituir secciones sindicales dentro del ámbito de la empresa (principalmente). Se considera como sindicatos más significativos aquellos que a nivel estatal han obtenido al menos el 10% de los representantes que se eligen en su ámbito de actuación; a nivel autonómico se consideran como más representativos aquellos que hayan obtenido el 15% de los representantes.

Dentro de las empresas, la representación sindical puede tener lugar de dos maneras, mediante los Delegados de Personal (para empresas con menos de 50 trabajadores), y los Comités de Empresa (para empresas con más de 50 trabajadores).
Los Delegados de Personal ostentan la representación en empresas con menos de 50 trabajadores, y son elegidos por sufragio universal y secreto de los trabajadores de la empresa (en empresas de hasta 30 trabajadores se elegirá 1 delegado, en empresas de 31 a 49 trabajadores se elegirán 3 delegados).
Para el comité de empresa, sus miembros son elegidos mediante sufragio universal, secreto y directo de entre las listas que se presentan; la duración del mandato es de 4 años. El número de miembros del comité dependerá del número de trabajadores, en empresas de 51 a 100 trabajadores serán 5 representantes, en empresas de 101 a 250 serán 9 representantes, en empresas de 251 a 500 serán 13 representantes, en empresas de 501 a 750 serán 17 representantes, en empresas de 751 a 1000 serán 21 representantes, y en empresas con más de 1000 trabajadores se eligen 2 representantes por cada 1000 o fracción, con un máximo de 75 representantes.

Considero que el primer paso tras la constitución del sindicato, tras la legalización y tras la "unificación" (la inclusión de los autónomos), sería primordial una "campaña mediatica" que permita una "campaña de expansión" prevía a la "campaña de conquista"; esto que parece tan complicado, tiene una explicación muy simple como detallare a continuación.
La "campaña mediatica" significaría una especie de "campaña de publicidad" para dar a conocer al sindicato, y lo que pretendemos, usando para ello todos los medios que podamos encontrar a nuestro alcance. Es posible que durante esta campaña, nos encontremos conque nuestros enemigos hagan una "contracampaña" para intentar desprestigiar a nuestro sindicato antes de que podamos llegar más lejos; por lo que habrá que estar preparados para esta posible eventualidad, y estar "armados" para contraatacar, y evitar los efectos de una campaña en contra.
Tras la "campaña mediatica", o incluso al mismo tiempo que se realice esta campaña, se debería hacer una "campaña de expansión" para conseguir nuevos afiliados, que permitan hacer crecer al sindicato, y que posteriormente puedan ser los representantes del sindicato dentro de los órganos de representación sindical de las empresas para las que trabajen.
Finalmente tras las dos campañas anteriores, llegará el momento de la "campaña de conquista", donde comenzará la verdadera lucha; ya que habrá que intentar que afiliados del sindicato sean elegidos para representar a sus compañeros dentro de las empresas para las que trabajen.

Una vez conseguida la representación suficiente, se podrá empezar a combatir realmente, por ejemplo denunciando la vigencia de los convenios colectivos para conductores, para ajustarlos a unas condiciones de trabajo dignas; pero eso ya es tema para abordar en un próximo escrito, ya que para poder llegar hasta aquí todavía nos falta mucho por hacer ...








2 comentarios:

  1. guerrero ya tenemos sidicato en marcha autonomos y asalariados sinaintrasa ahora solo falta que la gente responda es a nivel nacional

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  2. Saludos,
    He tenido conocimiento de la creación del sindicato, y sigo con interés su evolución.
    Un saludo.

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