miércoles, 25 de febrero de 2015

Sobre el Proyecto del Ministerio de Fomento y de la DGT de obligar a los camiones a circular por las autopistas de peaje

Como dice el dicho: "lo prometido es deuda" ..., hace unos días en el anterior escrito, prometí publicar otro escrito para tratar la otra noticia que salió hace varios días y que también afecta al transporte; en esta ocasión me gustaría tratar el tema del Proyecto del Ministerio de Fomento y de la DGT para vetar 1.350 kilómetros de carreteras nacionales a los camiones y obligarles a circular por las autopistas de peaje.

Hace mucho tiempo que tanto el Ministerio de Fomento como la DGT dejaron de cumplir con su función, en el caso del Ministerio de Fomento, este dejó de representar los intereses del sector del transporte para convertirse en servidor de los intereses de las grandes empresas del sector; cada cambio de normativa y/o de legislación hecho por este ministerio solo ha servido para favorecer los intereses de los grandes flotistas a base de acorralar y de vetar la entrada en el sector a pymes y autónomos.

Durante la democracia, todos los gobiernos que han pasado, han antepuesto sus intereses partidistas al interés de la mayoría, y han permitido a base "de los favores proporcionados por las grandes empresas" que el Ministerio de Fomento se convirtiese en vasallo de los grandes flotistas; por ello, a cambio de "los favores recibidos" por parte de los grandes flotistas, los distintos responsables del Ministerio, ya se han ido encargando de modificar y/o de crear las leyes para que favoreciesen a los grandes flotistas a cambio de perjudicar al resto.
En compensación a "la deuda" que tenían con las grandes empresas, no han dudado en restringir cada vez más el acceso al sector a los transportistas autónomos implantando requisitos absurdos y claramente discriminatorios (como es el caso de las 60 Toneladas); ni tampoco han dudado en ir cercando a las pymes y a los autónomos. Han sido complices de la "rumanización del transporte" en España, y de la expansión de la piratería en el transporte llevada a cabo por los grandes flotistas, de esa forma se aseguraban de dejar el sector en manos de los grandes, y obligar al resto o bien a abandonar la actividad o bien a convertirse en esclavos de los grandes.

En el caso de la DGT, que teóricamente es la Dirección General de Tráfico que entre otras cosas debería velar por la seguridad del tráfico y por reducir los accidentes, hace mucho tiempo que hicieron que este organismo dejase de cumplir con sus obligaciones y lo transformaron en otra "máquina de recaudar impuestos para el Estado", donde lo importante es multar y recaudar, y donde la seguridad vial queda en segundo plano.

Los camioneros (tanto los autónomos como los asalariados) y los transportistas españoles, ya estábamos acostumbrados al "clientelismo" y al "arrodillamiento" del Ministerio de Fomento hacia las grandes empresas, que le "obliga" ha hacer siempre lo que ellas quieran, a costa de perjudicar al resto de implicados en el sector del transporte. Pero ahora además de contar con que Fomento sea vasallo de los grandes flotistas, vemos que la DGT también se ha apuntado y ha hecho un "frente común" con Fomento, para apoyar a sus "amiguitos"; en este caso ambos (Fomento y la DGT) se han unido para formar un "frente clientelista común" para ayudar a sus "amiguitos", en este caso las concesionarias de las autopistas de peaje, que no estaban consiguiendo los beneficios económicos que esperaban.

Desde hace bastante tiempo, el asunto de las concesionarias de las autopistas de peaje de este país es un tema delicado, que daría hasta casi para escribir un libro sobre el tema por la de "cosas raras" que hay ahí. Habría que recordar que al igual que se hizo con los bancos, varias de las concesionarias de alguna de las autopistas del país han sido rescatadas con dinero de todos los españoles, un dinero que los españoles ya podemos dar por perdido porque dudo que tanto los bancos como las concesionarias vayan a devolver esos rescates a los españoles. Para que luego vayan nuestros políticos dando lecciones por Europa y vayan exigiendo a otros países como Grecia que devuelvan lo prestado, sino tienen huevos a obligar a los bancos y concesionarias de autopistas rescatadas en este país que devuelvan lo que "se les ha prestado" para salvarles y/o para enriquecerlos ¿cómo pueden tener los huevos a exigir a otros países que nos devuelvan lo que se les ha prestado para ayudar a sus ciudadanos?.

Que devuelvan lo prestado tanto las concesionarias como los bancos no es importante para los políticos, a fin de cuentas no ha sido más que devolver favores a "sus amiguitos"; eso si, los españoles ya podemos dar ese dinero por perdido. Además, habría que recordar que algunas de esas concesionarias rescatadas ya hace tiempo que finalizaron su contrato de concesión, pero en lugar de devolver la autopista al Estado y liberalizarla como debería haber pasado, los políticos han preferido seguir "favoreciendo a sus amiguitos" renovándoles la concesión por varias décadas más en lugar de haber retornado esas autopistas al servicio de todos los españoles.

Pero como dice el dicho: "quien tiene padrino se bautiza" ..., en este caso el único interés de los políticos es el seguir favoreciendo a sus "amiguitos", en este caso a las concesionarias de las autopistas. Como los precios de los peajes de las autopistas en este país son abusivos, por ellas "no pasaba ni Dios", por lo que los "amiguitos" de los políticos no podían conseguir los beneficios que querían, y como los políticos de este país son tan "lameculos", en lugar de bajar los peajes de las autopistas para animar a que los ciudadanos las usasen lo que se les ha ocurrido es obligar por ley a que los conductores tengan que pasar por las autopistas.

Eso si hay que reconocer que nuestros políticos no son tan idiotas como creíamos, como estamos en año electoral se dieron cuenta que obligar a todos los conductores a usar las autopistas para "financiar a sus amiguitos" no quedaba bien visto por los ciudadanos de cara a las elecciones; por lo que había que encontrar otra solución, había que encontrar a unos conductores a los que el resto de ciudadanos no viese mal que obligasen a circular por las autopistas, y así los políticos conseguían "matar dos pájaros de un tiro" ya que por un lado conseguían "financiar a sus amiguitos" y por el otro encima conseguían que los ciudadanos apoyasen su plan.
Y ahí es donde aparecemos los camioneros, hacía falta obligar a vehículos a que pasasen por las autopistas para pagar los peajes, y "financiar a las concesionarias", y como es muy fácil manipular a los ciudadanos para que vean lo buenos que son los políticos quitando a los peligrosos camiones de la carretera; los políticos habían encontrado el "Santo Grial" para solucionar su problema, seguirían "subvencionando a sus amiguitos" y encima lograrían que la mayoría de los ciudadanos aprobasen su acción y "les felicitasen" por ello.

El plan era perfecto, había que obligar a los camiones a circular por las autopistas de peaje, y había que convencer a los ciudadanos de que esto se hacia por el bien de la Seguridad Vial; y ya que era un plan perfecto, había que hacerlo a lo grande, y por ello, se unieron el Ministerio de Fomento y la DGT para crear un proyecto por el que vetarían 1.350 kilómetros de carreteras nacionales a los camiones. En dicho proyecto se pretende que a partir del segundo trimestre de esta año 2015, 1.350 kilómetros de 16 carreteras nacionales (libres de peaje) queden vetadas para camiones obligandoles a que en esos tramos tengan que circular por las autopistas de peaje.

La postura tanto de Fomento como de la DGT de cara a los ciudadanos para justificar la medida es escudarse en la seguridad vial, achacando que sacar a los camiones de las carreteras reducirá la cifra de accidentes, por lo que el resto de conductores circularán más seguros.
Esa postura no deja de ser una clara manipulación y un engaño absoluto hacia los ciudadanos, quizás a los interesados en que salga el proyecto hacia adelante se les ha olvidado comentar "el detalle" de que a la hora de hablar de accidentalidad los vehículos pesados de transporte de mercancías solo están presentes en el 10% de los accidentes totales; lo que significa que en el 90% de los accidentes no están implicados, y eso sin contar que ese 10% solo señala los accidentes en los que se ven implicados, no significa que los camiones sean responsables de ese 10% de los accidentes. Y eso sin contar que si hablamos de siniestralidad con vehículos de mercancías, mientras los camiones pesados están implicados solamente en el 10% de los accidentes, los camiones ligeros (de menos de 3'5 toneladas) y las furgonetas están implicados en un 34% y en un 22% (respectivamente); por lo que tanto camiones ligeros como furgonetas son mucho más "peligrosos" que los camiones pesados.

Por lo tanto, se mire como se mire, intentar justificar el traspaso de los camiones a las autopistas de peaje por la seguridad vial y por reducir la siniestralidad no tiene ningún sentido; si en sólo el 10% del total de los accidentes están implicados los camiones pesados, por esa regla de tres en el 90% del total de los accidentes no están implicados los camiones pesados, por lo que si se quisiese reducir la siniestralidad "lo sensato" sería trasladar a las autopistas a todos esos otros vehículos que están implicados en ese 90% de accidentes a las autopistas, y dejar a los camiones tranquilos.

Si de verdad se hubiese querido hacer algo por la seguridad vial, hace muchos años que se reclama que se desdoblen determinados tramos de carreteras nacionales (con alta siniestralidad), y/o que dado que junto a esas carreteras hay autopistas de peaje que se liberalizasen los peajes en esos tramos; pero eso no les interesaba a los políticos, porque si se liberalizasen los peajes "sus amiguitos" no cobrarían, así que durante estos años no había ningún problema con la seguridad vial.

Pero hay un problema, y es que en este caso lo que menos importa es la seguridad vial, esta solo es la excusa empleada tanto por Fomento como por la DGT como "caballo de Troya" para introducir su proyecto; un proyecto cuya única finalidad es asegurarse de que "sus amiguitos" de las concesionarias tendrán unos ingresos que de otra forma no tendrían. La verdadera finalidad del proyecto no tiene nada que ver con la seguridad vial, sino conque los políticos "deben pagar los favores recibidos", y por ello deben continuar "favoreciendo a sus amiguitos"; por lo que en este caso como "no pasaba ni Dios" por las autopistas de peaje, para que los de las concesionarias "recibiesen lo que les debían" había que asegurarse de que hubiese un flujo constante de tráfico en las autopistas, por lo que lo mejor para los políticos era obligar a que los camiones tuviesen que circular por ellas.

Ahora tanto Fomento como la DGT quieren hacerse los buenos asegurando que en el proyecto esta previsto que en los tramos de autopista obligatorios para camiones exista una bonificación del peaje de entre un 35% y un 50%; esto es algo claramente insuficiente cuando se pretende obligar por ley a ir por vías de peaje en tramos donde existen vías alternativas sin peaje la bonificación debería ser del 100%, ya que si se obliga por ley a usar una vía de peaje en un tramo donde hay alternativa sin él, se debería liberalizar el peaje.

Si de verdad se hubiese querido hacer algo, en lugar de obligar a los camiones a usar esos tramos de autopista, deberían haber liberalizado los peajes en esos tramos y que el que quisiese usase la autopista en lugar de la carretera nacional; pero eso no interesaba, puesto que si se liberalizaban los peajes "los amiguitos de los políticos" no cobrarían esos peajes.
Por eso, como ya no saben a quien estafar para asegurarse de que "sus amiguitos sacan tajada", han decidido que seamos los camioneros los que tengamos que ser los estafados para que los políticos "puedan pagar a las concesionarias los favores que les han hecho". Como los políticos no pueden "pagar sus deudas", han decidido que seamos los camioneros los que "paguemos lo que deben"; y eso es injusto e inmoral, no fuimos los camioneros los que "nos pusimos de rodillas" ante las concesionarias de las autopistas y no les debemos nada, por lo que no tenemos porque pagar lo que deben los que "se arrodillaron ante ellas".

Tanto la DGT como Fomento apoyan el proyecto porque ambos organismos hace mucho que dejaron de servir a los ciudadanos y se convirtieron en instrumentos políticos con los que recaudar impuestos y/o con los que favorecer a "los amiguitos de los políticos".

Fomento hace mucho que "selló el pacto" con las grandes empresas de transporte por el que debía asegurarse de beneficiar a los grandes para poder exterminar a las pymes y a los transportistas autónomos. Hace muchos años que Fomento por acción o por omisión, por su permisividad o por su pasividad, es complice de la piratería en el transporte, donde favorece a las grandes empresas y les permite ejercer competencia desleal; hace muchos años que todas las nuevas leyes de transportes y/o todas las modificaciones de las leyes existentes que ha hecho Fomento van encaminadas a favorecer al grande y a perjudicar al pequeño, donde lo que interesa es acosar y arrinconar al pequeño para llevarlo a la quiebra y expulsarlo del sector.
La aplicación de un "nuevo impuesto" que afectará a los costes con un aumento de los mismos debido a los peajes, asegurará que muchos autónomos y pymes no puedan asumir los costes, puesto que ya se encargarán los grandes de que no se pueda repercutir este "nuevo impuesto" en los precios de los viajes; esto motivará que este "impuesto" sea "el último clavo en el ataúd" para muchos autónomos y pymes que desaparecerán, algo que las grandes empresas de transporte celebrarán, y de lo que Fomento será complice.

Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, y solo es para lo que es, para que los ciudadanos "subvencionen" a las concesionarias de las autopistas, y como no tenían huevos para obligar a los coches a que usasen las autopistas porque este año hay elecciones, buscaron la forma para "matar dos pájaros de un tiro". Quedaba muy mal ante los ciudadanos obligar a los conductores a usar las autopistas de peaje para mantener a las concesionarias, y más aún si tenemos en cuenta el año electoral en el que nos encontramos; pero si se lograba dar el mensaje de que se expulsaba a los peligrosos camiones de las carreteras desviándolos a las autopistas para que el resto de conductores pudiesen circular más tranquilos, lograban su objetivo de "matar dos pájaros de un tiro", y encima de lograr "subvencionar a sus amiguitos" conseguirían que la mayoría de los ciudadanos aprobasen la medida.

Para poder justificar lo injustificable de este proyecto, tanto la DGT como Fomento ya se han encargado de lanzar sus "campañas de propaganda", para hacer ver al resto de ciudadanos que los camiones son un peligro en las carreteras, y que si los quitan de ahí se reducirán los accidentes; toda esta justificación es una falacia, y cualquiera que tenga sentido común puede darse cuenta que el objetivo es otro bien distinto del que intentan justificar, pero los ciudadanos de este país somos demasiado manipulables. No han tardado en salir en los medios de comunicación conductores de coches que apoyan totalmente el proyecto porque les quitaran a los molestos camiones de en medio, aunque poco dicen que esos mismos que lo apoyan son los mismos que cuando circulan con el coche por una carretera se creen que están corriendo un Gran Premio de Fórmula 1 ...

Lo extraño es que en esas "campañas de propaganda orquestadas tanto de Fomento como de la DGT" no hayan preguntado su opinión a los negocios de los pueblos por los que pasan esas carreteras nacionales que ahora se van a vetar. Me encantaría conocer la opinión al respecto de los dueños y/o de los trabajadores de los bares, restaurantes, supermercados y tiendas de esos pueblos sobre lo que va a suponer para sus negocios y para el empleo en esas zonas la expulsión de los camiones de allí; sería muy interesante conocer la opinión de todos ellos, puesto que la mayoría de esos negocios y/o de esos empleos se mantenían porque los camioneros paraban allí ya fuese para comer, para tomarse un café, para comprar comida o para comprar tabaco (por ejemplo).Dudo que ahora que los camiones no podrán pasar por ahí, y no podrán parar en esos lugares vayan a ser los automovilistas los que mantengan todos esos negocios y todos esos empleos; muchos de esos negocios se verán obligados a cerrar y sus trabajadores se quedaran sin empleo, pero para los políticos eso no importa simplemente son "daños colaterales".

Los políticos ya tomaron la decisión el proyecto esta en marcha, y lo único que les importa es que podrán seguir favoreciendo a "sus amiguitos"; que al aumentar los costes se vayan muchas pequeñas empresas de transporte y autónomos a la quiebra no importa, que muchos negocios de las zonas afectadas tengan que cerrar y/o que sus trabajadores se queden sin empleo tampoco importa, lo único que les importa es que lograrán salirse con la suya, lo único que importa es que podrán seguir favoreciendo a "sus amiguitos".

Pero si este proyecto finalmente sale adelante la culpa no solo será de los políticos, también sera de los ciudadanos que los han elegido para que "nos representen"; y también será nuestra, de los camioneros, porque no tuvimos huevos a oponernos a la medida y a luchar por nuestra dignidad.
Nuevamente la sola presentación de este proyecto demuestra que para el resto del país los camioneros somos "lo más bajo", que no somos nadie, que no tenemos derechos y que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Pero mucha de la culpa de que el resto de ciudadanos tenga esta visión de nosotros es de nosotros mismos, que no respetamos nuestra profesión y/o que desconocemos el poder que tenemos; es nuestra obligación recordar que sino hay camiones que muevan las mercancías de un sitio a otro no hay cosas en las tiendas.

Todos aquellos que se alegran de todo lo malo que nos pase a los camioneros deberían recordar cada vez que tengan que comprar algo que es sino fuese por los camioneros que llevaron la mercancía a la tienda que vayan, no tendrían nada que comprar porque la tienda estaría vacía; deberían recordar que mientras las mercancías no se puedan enviar por e-mail o por whassup, deberán ser los camiones los que las transporten, y que si estos faltan las mercancías no se mueven y se produce un desabastecimiento.

Bastante dura es la vida de un camionero para tener que aguantar la continua criminalización tanto de los políticos como desde los medios de comunicación de nuestro gremio; afortunadamente para todos aquellos que nos critican y/o que se alegran de nuestros infortunios, muchos de nosotros desconocemos el poder que tenemos.
Habría que recordar que sino hay camiones, no hay mercancías, por lo que no hay cosas en las tiendas; igual a todos esos que tanto nos critican habría que enseñarles lo que pasa si un día no hay camiones, y el día que nos decidamos a hacerlo comprobaran que un mundo sin camiones va a ser un mundo muy jodido.

Habría que recordar que esta en nuestras manos defender nuestro futuro, y que sino lo hacemos ahora luego no podremos arrepentirnos; si dejamos que Fomento se salga con la suya en esto, ¿qué será lo próximo?.

jueves, 12 de febrero de 2015

Sobre la aplicación del salario mínimo alemán para los conductores.

Hace ya un mes que comenzó este año 2015, así que ya iba siendo hora de que preparase un escrito en condiciones; aunque ya hacia varios días que estaba preparando uno, pero un par de noticias relacionadas con el transporte que han salido recientemente, me han llevado a considerar que era mejor cambiar el escrito que tenía previsto, y hacer algo "especial" para tratar estas noticias.

Las dos noticias que me gustaría tratar son: 
La aplicación del salario mínimo alemán a los transportes en tránsito por Alemania.
El proyecto de Fomento para obligar a los camiones a circular por las autopistas de peaje.

Como son dos temas diferentes y no me gustaría mezclar ambos temas, he decidido dedicar un escrito a cada uno de los temas; de ese modo en este escrito solo trataré el tema de la aplicación del salario mínimo alemán, y en el próximo escrito (que publicaré en los próximos días) trataré el tema del proyecto de Fomento.

En este escrito voy a tratar el tema de la noticia que salió hace unos días de la nueva norma que estaban estudiando implantar en Alemania para luchar contra la competencia desleal en el transporte; esta norma iba a ser fundamentalmente para asegurar que las empresas pagasen un sueldo digno a sus conductores, y no pudiesen reducir los precios de los viajes a base de reducir los sueldos de los conductores.
Alemania se planteó la aplicación del salario mínimo alemán a los transportes en transito por Alemania, que obligaría a que las empresas que realizasen servicios en Alemania acreditasen que sus conductores percibían el salario mínimo alemán (fijado en 8'50 €/hora).

Normalmente no estoy a favor de las normas que van implantando últimamente en Alemania, tanto las relativas a transporte como las relativas a otros temas, ya que la mayoría de las veces las considero desacertadas; pero "casualmente y sin que sirva de precedente", la decisión de adoptar esta norma me parecía una decisión acertada, ya que considero que esta norma podía servir para frenar la competencia desleal a la que se enfrenta el transporte europeo por la "rumanización del transporte" que sufrimos en los últimos años.

Como ya he explicado en varios escritos del blog el significado del concepto de la "rumanización del transporte", no considero necesario volver a explicarlo en este escrito; el que quiera saber que es este concepto, puede verlo en los otros escritos del blog en los que he comentado sobre el tema y solo volveré a repetir que este concepto, para el que es posible que no utilice el término más apropiado para nombrarlo, no tiene nada que ver con el racismo, sino con el tipo de políticas y/o prácticas que se llevan a cabo para permitir este concepto.

Como dice el dicho: "de aquellos polvos vienen estos lodos ...", y para remontarnos al inicio de la "rumanización" del transporte europeo, deberíamos remontarnos a la creación de la Unión Europea, algo que se hizo mal desde el principio, y por eso pasa lo que pasa.
El propio concepto de la Unión Europea, es un concepto bonito pero utópico, se pretendía crear algo similar a los Estados Unidos, pero sin tener en cuenta que mientras estos últimos son una unión de estados dentro de un mismo país, la Unión Europea era una unión de países con características muy diferentes. La formación de una unión con países con características tan diferentes al final trae problemas, y por ello ahora sectores como el transporte sufren las consecuencias.

Desde la creación de la Unión Europea no se tuvo en cuenta que no es lo mismo unificar estados para crear un país, que unificar países para crear un "no se que"; la unificación de estados dentro de un mismo país en el que todos "reman en el mismo barco", no es lo mismo que la unificación de países dentro de una unión donde cada país busca lo mejor para si mismo.
En la creación de la unión no se tuvo en cuenta que los países por sus características y políticas eran muy diferentes unos de otros, y que antes de integrarse deberían haber hecho "un frente común" y haber unificado políticas para que todos los países de la unión "remasen en el mismo barco". Pero no se hizo, se hizo una "unión torticera" donde cada país podía hacer lo que quisiera, y donde pocas normas hay en común entre todos los países que forman la unión; las cosas no se hicieron bien, y en lugar de arreglarlas, decidieron ir ampliando la unión sin valorar las posibles consecuencias.

Antes de "haber apuntalado" bien la unión, quisieron aprovechar la desmantelación de la Unión Soviética y la independencia de muchos de los países que la formaban, para que sin haber valorado las consecuencias, poder hacer que esos nuevos países pudiesen entrar en la unión pese a las muchas diferencias que existían con respecto a los países que ya formaban la unión. Se decidió a base de las sucesivas ampliaciones de la unión, incluir a estos nuevos países "sin reservas", y sin valorar lo que podía suponer esa inclusión para el resto de países miembros de la misma.

No se tuvo en cuenta que esos nuevos países tenían legislaciones laborales y salarios peores que el resto de países de la unión; por lo que su inclusión en la misma sin antes asegurarse de que equiparasen sus legislaciones laborales y salarios con el resto de países de la unión, podía suponer una mano de obra más barata que permitiese perjudicar tanto las legislaciones laborales como los salarios existentes en el resto de países miembros de la unión.

Y como no se tuvieron en cuenta esas cosas, porque lo importante era que se sumasen cuantos más países a la Unión mejor para poder competir con los Estados Unidos, se decidió seguir hacia adelante con las ampliaciones, sin darse cuenta de que eso era "abrir la caja de Pandora".
Abrir "la caja de Pandora" tuvo sus consecuencias; al convertirse esos nuevos países en miembros de la unión tanto sus ciudadanos como sus empresas tenían libertad de movimientos y de acción en el resto de países de la unión. Muchas empresas de los países "viejos" vieron entonces su oportunidad para conseguir mano de obra a menor precio que el que establecían las legislaciones de sus respectivos países, y eso tuvo su efecto en muchos sectores profesionales, entre ellos el sector del transporte.

Por poner un ejemplo, hace unos pocos años en España un camionero asalariado que hiciese Ruta Internacional, por la que pasaba bastantes días fuera de casa, por lo menos era compensado con un salario digno que rondaba los 3.000€ mensuales; pero desde que se "abrió la caja de Pandora", y se "abrió la veda" a la posibilidad de conseguir conductores de otros países por sueldos inferiores a lo que marcaban los convenios de aquí, esos sueldos comenzaron a caer en picado. Actualmente por la misma ruta por la que hasta no hace mucho tiempo un conductor podía cobrar unos 3.000€ al mes, ahora hay conductores que están dispuestos ha hacer la misma ruta por 900€ al mes (e incluso por menos); lo que significa que en unos pocos años el sueldo de un conductor no es que se haya reducido, es que se ha dividido por 3, y por el sueldo de un conductor español ahora se puede contratar a 3 conductores de otros países.

En su momento los sindicatos españoles y el Ministerio de Fomento debieron darse cuenta de esto, y haber luchado contra ello, sobre todo porque estaban infringiendo todos los convenios respecto a las condiciones laborales y salariales de los conductores; pero en este país hay un problema, y es que no hay sindicatos sino pseudosindicatos (como UGT y CCOO) que están "vendidos" a los intereses de las grandes empresas, y que prefieren ser los lacayos de las mismas a cumplir su deber y defender los intereses de los trabajadores, en este caso de los conductores. En el caso del Ministerio de Fomento es "llamativo" como en ningún gobierno de la democracia, el Ministerio se ha preocupado en defender a los conductores, ya que al igual que los pseudosindicatos se convirtió en lacayo de las grandes empresas, a las que rinde pleitesía.
Tanto para los pseudosindicatos como para el Ministerio de Fomento, es más importante rendir pleitesía a "sus amos" las grandes empresas y permitirles hacer lo que quieran, que cumplir con su deber y defender los intereses de la mayoría de profesionales del sector. Por ello, mientras los grandes se han ido haciendo cada vez más grandes a base de esclavizar a los trabajadores y/o a base de ejercer la competencia desleal contra el resto de empresas del sector, los autónomos y las pymes del sector se han visto cada vez más cercados y asfixiados por los precios que imponen las grandes empresas piratas del sector, unos precios contra los que el resto de empresas no pueden competir.

Y por supuesto, como nadie hacia nada contra las prácticas piratas de las grandes empresas de transporte, algunas de estas aún se envalentonaron más, y decidieron "subir la apuesta" implantando una nueva práctica para aumentar todavía más la "rumanización del transporte". Ya no les valía con contratar a conductores de otros países por sueldos mucho menores de lo que deberían pagar, algunas de esas empresas decidieron directamente matricular sus camiones y/o montar nuevas sedes en otros países (como por ejemplo Bulgaria o Rumania) con peores condiciones laborales y salariales para contratar a los conductores con contratos de esos países y/o para reducir costes (como por ejemplo en impuestos), lo que les permitiría bajar todavía más los precios de los viajes, y aumentar su competencia desleal contra las empresas legales del país.

Era llamativo como empresas afincadas en países con "peores condiciones" se dedicaban únicamente ha hacer rutas dentro de otro país con "mejores condiciones", para aprovechando sus menores costes poder competir tirando los precios contra las empresas de ese país que no podían competir con esos precios. En países como en España, por ejemplo, es muy llamativo como empresas de transporte domiciliadas en otros países (Bulgaria, Rumania, ...) se dedican exclusivamente a hacer rutas nacionales dentro de España, para aprovechando los menores costes fiscales y laborales poder bajar los precios de los viajes a precios por los que las empresas de transporte legalmente establecidas en España no pueden hacer los viajes, porque tendrían que hacer los viajes por debajo de coste.

Al igual que en España, otros países de la unión se han visto afectados por la "rumanización del transporte", y por fin Europa se dio cuenta de que había abierto "la caja de Pandora", e intentó poner "cortafuegos" para evitar lo que estaba pasando en sectores como el transporte mediante la implantación de normativas como por ejemplo la Normativa Europea de Cabotaje.
Esta normativa pretende frenar que las empresas de transporte domiciliadas en países con  peores condiciones laborales, salariales y/o en materia de costes, puedan ejercer su actividad exclusivamente fuera de su territorio nacional, y tirar los precios de los viajes para que las empresas de los otros países no puedan competir. Esta normativa establece unas condiciones muy específicas para los transportes que realicen empresas y/o vehículos de otros países fuera de su territorio nacional (pero dentro de la Unión), limitando la cantidad de viajes y/o su duración.

Pero por supuesto, las empresas que no han tenido escrúpulos en cambiar sus sedes a otros países para reducir costes y poder ejercer competencia desleal en sus países de origen, infringiendo para ello multitud de legislaciones tanto nacionales como europeas, no van a tener escrúpulos en infringir también la normativa de cabotaje. La normativa de cabotaje, pese a ser buena, se ha mostrado insuficiente para poder controlar el abuso que realizan los piratas del transporte, que siguen campando a sus anchas y arruinando a las empresas legalmente establecidas en los "viejos" países, al poder tirar los precios de los viajes por los menores costes que tienen los piratas.

Por supuesto en España no se va a hacer nada para perseguir a los piratas, porque tanto los pseudosindicatos como los políticos son vasallos de los propios piratas; pero que aquí no haya nadie dispuesto a defender a sus transportistas no significa que en otros de los "viejos" países no haya quien defienda a sus transportistas frente a los piratas.

Precisamente para frenar a los piratas, y para defender a sus transportistas, Alemania estaba estudiando implantar una nueva ley por la que toda empresa de transportes que hiciese ruta por Alemania justiticase que sus conductores cobraban el salario mínimo alemán (establecido en 8'50€ por hora), con la intención de que toda empresa "pirata" que se dedicase a rebajar costes para poder tirar los precios a base de pagar sueldos miserables a sus conductores, no pudiese seguir ejerciendo la competencia desleal contra los transportistas del país.

Pero no podía ser todo tan bonito, y por supuesto tenían que salir críticos ante la decisión de Alemania de intentar frenar a los piratas; obviamente los primeros opositores a esa medida debían ser los propios piratas y sus defensores, y que casualidad que entre las primeras voces en protestar ante la Unión Europea por la medida de Alemania se encuentren Fenadismer y el Ministerio de Fomento español.

Aunque no sea una sorpresa que Fenadismer y Fomento protesten contra las "leyes antipiratería", es vergonzoso, y queda muy claro (por si todavía a alguien no le quedaba claro) a quienes defienden tanto Fenadismer como Fomento, a sus "amiguitos" que son los primeros piratas que cambiaron sus sedes a otros países para poder tirar los sueldos de los conductores y ahorrarse impuestos, para poder tirar los precios del transporte en España y para poder arruinar a los transportistas legales a base de ejercer una competencia desleal.

Tanto Fenadismer, como la CETM, como el Ministerio de Fomento español, como los pseudosindicatos (UGT y CCOO), no están interesados en acabar con el cabotaje ni acabar con la competencia desleal ni acabar con los piratas; no les interesa acabar con los piratas, porque los propios piratas son los "amos" de todos estos impresentables. Todos estos miserables hace muchos años que decidieron ser vasallos de los piratas y vender el transporte español a los intereses de las grandes empresas, poniéndoles en bandeja "la cabeza" de las pymes, de los autónomos y de los conductores asalariados; no les interesa acabar con el cabotaje ni con los piratas, porque los propios piratas son los que los "mantienen".

Y por supuesto tenían que defender a "sus amos", por lo que si un país como Alemania decidía implantar una normativa para luchar contra el cabotaje y para acabar con los piratas, los vasallos de los piratas debían luchar para impedir que esa norma saliese adelante.
Nuevamente Fenadismer y Fomento han humillado al transporte español ante toda Europa, y han demostrado que deben cumplir con "sus amos" defendiendo la piratería por encima de todo; "sus amos" pueden estar contentos ...

Esperemos por el bien del transporte de los otros países de la Unión, que la iniciativa de Alemania salga hacia adelante, y que se puedan estudiar normas similares para los otros países; aunque las últimas informaciones sobre el tema parecen indicar que ante las protestas recibidas Alemania ha decidido paralizar la implantación de la norma, algo que esperemos que no sea cierto por el bien del sector.

Mientras tanto en España, que Fenadismer, la CETM, el Ministerio de Fomento, y los pseudosindicatos, sigan "poniéndose las rodilleras" para satisfacer a "sus amos" los grandes flotistas, no vaya a ser que se enfaden y "les cierren el grifo". Mientras tanto las pymes, los autónomos, y los conductores asalariados, ya nos podemos dar por sentenciados, porque los "chupones" deben pagar las deudas que tienen con los grandes flotistas, y como en España no tenemos los huevos que tienen los transportistas y camioneros de otros países como Francia o Alemania (por ejemplo) para luchar por nuestro futuro y para expulsar de sus cargos a los "chupones", estamos condenados.